Ha pasado poco más de dos décadas desde aquel 5 de abril de 1992 en que Alberto Fujimori disolvió el Congreso dando con ello un “auto golpe” al orden democrático y que además incluiría la intervención al Poder Judicial, la promulgación de medidas económicas favorables a la inversión privada y el drástico recorte de derechos laborales, entre otros delitos e irregularidades. A estas alturas, una generación ha crecido ha crecido a la sombra de ese hecho político y otra ha vivido buena parte de su primera juventud signada por los derroteros políticos, sociales y económicos que se entonces se abrieron. Sin pretensiones de realizar un balance a profundidad, me propongo básicamente compartir algunas ideas sobre dos elementos que considero se derivan de aquel nefasto legado fujimorista y aún hoy nos afectan día a día.
Primero la impunidad….no es que la impunidad nació con el 5 de abril ni mucho menos. Sucesivos gobernantes pasaron por encima de la ley sin recibir sanción y sucesivas generaciones de compatriotas tuvieron que convivir con injusticias que jamás fueron castigadas…eso es la impunidad finalmente, la ausencia de sanción a actos delictivos amparada en el ejercicio del poder y en las desigualdades que hacen más vulnerables a unos frente a otros. El 5 de abril de 1992, se configuró un escenario de extendida impunidad que se ha mantenido hasta prácticamente normalizarse y del cual se han beneficiado las elites económicas empresariales, diversos representantes de las fuerzas armadas y los políticos del fujimorismo. Todos ellos pudieron actuar con impunidad en diversos planos; léase tuvieron gran discrecionalidad para liquidar empresas públicas, comprarlas a precio de remate, cobrar jugosas comisiones, asesinar dirigentes sindicales, desaparecer estudiantes, intervenir universidades o promulgar nuevos marcos legales favorables a su inversión...Una cadena de impunidades que incluye a aquel policía que se sintió con la facultad para violar y torturar mujeres detenidas hasta los generales que desfalcaron la caja militar policial, al médico que esterilizó una mujer sin su consentimiento y al Ministro hoy congresista que dirigió esa política de esterilizaciones forzadas….Ejercer o estar del lado del poder de turno, garantizó la carta blanca para actuar sin apego a leyes ni instituciones, sin rendir cuentas. Más de veinte años después, muy pocos personajes de esta cadena de impunidad han respondido a la justicia o si quiera han dado muestra de arrepentimiento…no hay disculpas públicas, no hay mayor autocrítica.
La caída del Fujimorismo y la salida de sus principales representantes del poder no significó necesariamente el fin de la impunidad, por el contrario esta situación se ha mantenido y los posteriores gobiernos, matices más o menos, han defendido el mismo proyecto económico y por lo tanto, no han cuestionado el hecho político del que se deriva. Pero también buena parte de la población justificó y justifica el 5 de abril argumentando, entre otras cosas, que no había otra salida y fue lo más efectivo, lo más rápido para superar la situación de caos y violencia en la que vivíamos. Sin desconocer que efectivamente el Perú vivía momentos muy difíciles estas lecturas evidencian una visión sumamente reduccionista y pragmática de los acontecimientos, que niega la contingencia –siempre puede existir “otra” salida”- reduce lo conveniente a lo útil justificando los delitos y arbitrariedades en pos de salidas rápidas y efectistas. Este discurso pragmático enunciado desde el poder para dar continuidad a la impunidad y obtener mayores beneficios, se arropó además con frases que exaltaban el emprendedurismo, encontrando amplia resonancia en sectores populares debilitados por años de confrontación armada, hiper inflación y crisis de sus referentes políticos. La promesa de éxito individual por sobre cualquier esfuerzo colectivo, movilizó sin duda exitosas iniciativas micro empresariales e impulsó trayectorias de personajes mediáticos personajes que pugnan por destacar en política (pensemos en Acuña o Mauricio Diez Canseco) pero a la vez consolidó la idea de que sólo triunfa el más fuerte, el más “vivo”, quien no se detiene a reparar en que puede pisotear a otros en el camino.
Lo peor del legado de impunidad heredado del fujimorismo, es que construye intocables y ensancha jerarquías; socaba la confianza y amplía el margen de exposición al delito, pues se hace más probable que un alguien con algo de poder en cualquier momento pueda delinquir contra nosotros o nuestros seres queridos sin afrontar por ello ninguna consecuencia …Y lo peor del cálculo pragmático entre los sectores populares es que desaprendimos a determinar objetivos, alianzas y estrategias sobre la base de intereses compartidos; se nos hace muy difícil articular plataformas y tener claridad sobre con quién exigirlas y con quien no porque lo que va a primar será su propio beneficio….Luchar contra este escenario de impunidad y pragmatismo abarca sin duda una vía de judicialización institucional en la cual debe insistirse (ahí está el valioso trabajo en cortes nacionales e internacionales) pero también requiere de construir otros sentidos y quehaceres colectivos, afirmando memorias de reconocimiento y convocando a un proyecto transformador en un horizonte de justicia social. No es poco el desafío que se tiene por delante, menos para los que creemos que superar el legado de impunidad y pragmatismo fujimorista, requiere a la vez comprometerse con un camino de disputa por el poder político, esperemos no tener que esperar veintitrés años más para dar pasos definitivos.
